Con la muerte de Franco en 1975, el blanqueo del franquismo fue impuesto desde muy arriba y desde muy lejos (en paralelo con Grecia y Portugal). Ya el asesinato de Carrero Blanco fue una clara advertencia de que el franquismo no iba a tener continuidad. Sin embargo, los franquistas no habían hecho una guerra para nada. Aceptaron —qué remedio— el nuevo Estado parlamentario y constitucional, pero desde el primer momento hicieron lo imposible para regresar al Estado unitario en lo territorial, chafando Cataluña y el País Vasco, y al Estado patrimonializado y corrupto en todo lo demás. Y ahí es donde estamos.
Pero Cataluña se plantó.
Cataluña y los catalanes se plantaron tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que supuso de facto la destrucción del Estado autonómico, y desde luego del autogobierno en Cataluña. El Estado, por medio del Tribunal Constitucional, impuso a Cataluña un Estatut que no era el que los catalanes habían votado en referéndum en 2006: una "norma odiosa", como ha definido con toda exactitud el catedrático Javier Pérez Royo. Pero lo más grave, siendo grave lo anterior, es que la sentencia del Tribunal Constitucional hizo trizas la Constitución territorial del Estado (Pérez Royo), y de manera irreversible: así pues, regreso a la España Una, aunque con apariencia de descentralización administrativa. Esa fue la gran hazaña de Aznar. Desde 2010, todos los intentos por parte de Cataluña de negociación con el Estado de alguna fórmula, la que sea, para buscar una solución a esa situación insostenible, han tenido la misma categórica respuesta: NO. El resto de la historia es conocido. Sólo cabe apuntar, una vez más, que el 82 % de los catalanes no aceptamos la actual relación de Cataluña con el Estado (lo cual se expresa mediante la exigencia de un referéndum acordado que devuelva la palabra a los catalanes, palabra que les fue arrebatada por la sentencia del TC de 2010), y en esa situación el "NO" del Estado como respuesta a cualquier vía de discusión política, es inaceptable. No se trata por lo tanto de un asunto de un puñado de políticos, ni de determinados partidos independentistas (PDeCAT, ERC, CUP), ni de un importante sector de la población que aboga por la independencia: se trata del 82 % de los catalanes. Eso es lo que se niega a entender el gobierno del PP, y si lo entiende le da igual, se la refanfinfla, como tantas otras cosas. De manera que lo que en principio era un asunto de reivindicación de autogobierno, ha acabado convirtiéndose en un grave conflicto entre defensa de la democracia y de los derechos fundamentales frente al autoritarismo del Estado.
Ese "NO" al diálogo político, exponente del Estado fascista (digamos las cosas por su nombre) instalado de nuevo en el poder, es la demostración del fracaso de la Transición. Pues bien, la "reforma" —como se decía entonces— ha dado ya todo de sí, después de 40 años hemos regresado al punto de partida, y ahora se impone la "ruptura": extirpar de una vez el fascismo ("franquismo", para los hinchas locales) de las instituciones del Estado para que España sea irreversiblemente un Estado democrático. Así es como hay que entender de fondo el conflicto abierto en Cataluña, que no es otro que este: democracia y defensa de los derechos fundamentales frente a fascismo. La resolución de este conflicto dependerá de lo que elija la sociedad española: o Estado unitario y autoritario (y corrupto) o Estado democrático. O dictadura (fascista) o democracia. Este es el dilema que se ventilará en España en el inmediato futuro.
Ahora bien, que sea posible o no esa involución que pretende el gobierno del PP, está por ver. De momento la Conferencia Episcopal Española se ha desmarcado categóricamente, lo cual demuestra lo que ya sabíamos: que la aventura autoritaria del gobierno del PP es una locura (categoría superior a la de disparate). Desde luego el PP ha llegado muy lejos con su involución autoritaria, pero finalmente con Cataluña ha topado. Solo cabe esperar que ese patético gobierno produzca los menos destrozos y daños posibles.
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Destaco del artículo de Javier Pérez Royo una afirmación: "El NO con mayúsculas y sin matices del gobierno de la nación, que es un NO a la POLÍTICA, deja sin discurso a quienes están en contra de la independencia." Este es un hecho clave. Si damos la vuelta en afirmativo a la frase, significa esto: 'La negativa del gobierno al diálogo, acabará por convertir en independentistas al 80 % de los catalanes', o incluso: 'Si el gobierno persiste en su política de represión judicial y policial —y encima de dudosa legalidad—, acabará por lograr lo que parecía imposible: la independencia de Cataluña.' Todo eso es tan obvio que cae por su peso. Es por eso que muchos nos preguntamos, medio alucinados: ¿a dónde va este gobierno?
Lecturas recomendadas
- José Antich / Editorial, L'Estaca, principio y fin (29-9-2017)
- Enric Juliana, Cuarenta años de Generalitat (30-9-2017)
- Manuel Castells, 2 de octubre (30-9-2017)
- Sergio del Molino, El Frente Nacional español (30-9-2017)
- Javier Pérez Roy, El hecho diferencial catalán (30-9-2017)
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